El Gobierno aprueba las moratorias a los alquileres de los locales comerciales
La renegociación del pago del alquiler y un posible aplazamiento del mismo serán posibles para aquellas pymes y autónomos que se encuentren en dificultades económicas.
La semana pasada el Consejo de Ministros, que se reúne todos los martes, aprobó un mecanismo que permite a pymes y autónomos en dificultades económicas negociar el pago del alquiler de sus locales comerciales e incluso pactar un aplazamiento de estos. El pago del alquiler supone alrededor de una cuarta parte de los gastos fijos del comercio, y por ello una de las peticiones de patronales y asociaciones empresariales era precisamente la regularización de la exención de los arrendamientos. No obstante, la medida del Gobierno no permite las exenciones, pero sí las moratorias. Las pricipales asociaciones de comercio, por su parte, han mostrado su decepción ante las medidas aprobadas por el gobierno, y consideran que no se adaptan a las necesidades reales del sector.
Así, el decreto ley aprobado establece que las pymes y los autónomos cuya actividad se haya suspendido -o reducido de manera drástica- y no puedan asumir el pago del alquiler, podrán llegar a un acuerdo con los tenientes para aplazarlo. Solo podrán presentar dicha solicitud si el propietario es un gran tenedor (titular de más de 10 inmuebles) o una entidad pública de vivienda. El aplazamiento de los pagos del alquiler afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus posibles prórrogas, aunque el texto del Gobierno especifica que las prórrogas no podrán superar nunca los cuatro meses. Así, el pago del alquiler se podrá aplazar sin penalización ni intereses mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años.
En el caso de los pequeños propietarios, las pymes y los autónomos podrán solicitar, en el plazo de un mes, un aplazamiento temporal y extraordinario del alquiler, y se permitirá el uso de la fianza para que el arrendatario pueda afrontar el pago con más liquidez. No obstante, las peticiones de comerciantes y restauradores iban más allá y pidieron hace ya unas semanas regular “nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento”, que se pudieran aplicar hasta seis meses después de finalizar el estado de alarma.
