Desde AESVi valoramos esta situación con preocupación, especialmente teniendo en cuenta que la Dirección General de Consumo ha emitido un informe en el que establece que no es conforme a la normativa vigente la comercialización en segunda mano de sistemas de retención infantil homologados bajo el Reglamento ECE R44.
La entrada en vigor exclusiva del Reglamento ECE R129 no solo supuso una evolución técnica, sino un cambio estructural en los criterios de seguridad: ensayos de impacto lateral obligatorios, clasificación por talla y requisitos más estrictos en protección cervical y craneal.
Que estos productos sigan apareciendo en plataformas de segunda mano evidencia, por un lado, falta de información y, por otro, la necesidad de una mayor corresponsabilidad por parte de los intermediarios digitales. No estamos ante un simple producto de consumo; hablamos de un elemento de seguridad esencial cuya eficacia depende de su integridad estructural y de su adecuación normativa.
Desde AESVi, insistimos en que la seguridad infantil debe situarse por encima de cualquier lógica de reutilización cuando no se puede garantizar la trazabilidad, el estado real del producto y su adecuación a la normativa vigente. La protección de los menores exige coherencia regulatoria y aplicación efectiva de los criterios establecidos por las autoridades de consumo.
Desde AESVi, entendemos que la situación refleja claramente un margen de mejora en los mecanismos de supervisión de determinadas plataformas digitales. Cuando existe un criterio administrativo emitido por la Dirección General de Consumo respecto a la no conformidad de comercializar sistemas homologados bajo el Reglamento ECE R44, resulta razonable esperar que los marketplaces adapten sus filtros y protocolos de publicación para evitar la difusión de estos productos.
Más que hablar únicamente de déficit de control, creemos que estamos ante una cuestión de corresponsabilidad. Las plataformas cuentan hoy con herramientas tecnológicas suficientes para detectar palabras clave, homologaciones obsoletas o categorías sensibles. La colaboración entre autoridades, sector y operadores digitales es fundamental para garantizar que la normativa se aplique también en el entorno online.
Desde AESVi, defendemos un enfoque constructivo: reforzar la supervisión, mejorar la información al usuario y establecer canales ágiles de retirada cuando se detecten anuncios no conformes.
Un modelo eficaz, desde nuestro punto de vista en AESVi, no puede limitarse a actuar cuando alguien ya ha denunciado un anuncio; creemos que la prevención tiene que empezar en el mismo momento en que ese anuncio se publica. Por eso defendemos un enfoque más proactivo, donde las propias plataformas integren filtros automáticos capaces de detectar y bloquear referencias a homologaciones obsoletas, como el Reglamento ECE R44. Además, pensamos que los sistemas de retención infantil deberían tratarse claramente como lo que son: productos de seguridad regulados, de modo que antes de permitir su publicación se exija al vendedor información básica y obligatoria sobre la normativa de homologación, el estado del producto, su trazabilidad y una declaración responsable. Y, por supuesto, todo esto debería complementarse con una supervisión más activa y con canales estables de colaboración entre plataformas, autoridades de consumo y entidades técnicas, que permitan revisar periódicamente los anuncios y los criterios de control. En definitiva, no se trata de penalizar la reutilización en sí misma, sino de asegurarnos de que no se comercialicen productos que ya no cumplen con la normativa vigente ni con los estándares actuales de seguridad.
Por ejemplo, en el caso de filtros automáticos, sería idóneo disponer de un mecanismo de filtrado por homologación, el criterio técnico más sencillo sería la identificación de la etiqueta naranja mediante algoritmos de reconocimiento de imagen, pues en ella aparecen datos clave como la homologación, la clasificación del producto, por altura, peso o grupos. Cualquier referencia al antiguo Reglamento R44 sería una señal de alerta inmediata.
La respuesta corta es que, lamentablemente, no de forma generalizada. Aunque las grandes plataformas tienen potentes equipos de moderación, estos suelen estar enfocados en detectar fraudes o productos prohibidos genéricos, pero carecen de la especialización técnica necesaria en seguridad vial infantil.
Para mejorar esta situación, desde la Alianza consideramos un punto clave la capacitación técnica específica de los equipos de moderación. No basta con una guía general. Los moderadores deben ser formados para distinguir las sillas ECE R129 de las ECE R44.
Absolutamente, existe un problema de concienciación importante. Muchas familias perciben la silla auto como un ‘accesorio’ más que se puede heredar o comprar usado para ahorrar costes, cuando además en el estudio científico sobre sillas de segunda mano realizado por AESVI, los resultados mostraron que ninguno de los sistemas de retención infantil adquiridos podría haber sido homologado en las condiciones de adquisición. En concreto, se pudo comprobar un notable deterioro en la capacidad de protección frente al impacto, generando situaciones de muy alto riesgo para el usuario.
Que cuando no conocemos el historial de una silla, estamos asumiendo un riesgo invisible: no sabemos si ha sufrido un impacto, si falta alguna pieza esencial o, simplemente, desconocemos su estado real de conservación y mantenimiento. Y en un sistema de retención infantil, esos detalles marcan la diferencia en caso de accidente. Por eso el mensaje que trasladamos siempre es muy claro: si no hay trazabilidad completa y absoluta confianza en el origen, lo más prudente es no utilizarla, pues estamos hablando de un producto de seguridad.
La regulación, por sí sola, no es suficiente: es imprescindible que las plataformas asuman un papel activo, incorporando filtros preventivos que impidan la publicación de anuncios que hagan referencia a esta homologación y estableciendo controles periódicos. Además, la cooperación entre autoridades de consumo, entidades técnicas y el propio sector permitiría unificar criterios, compartir información y lanzar campañas de sensibilización dirigidas a las familias, que promuevan la creación de una cultura de la seguridad en torno a los sistemas de retención infantil.